DOBLE CRIMEN EN EL GAUCHO GIL: SE CUMPLIÓ LA JORNADA DE ALEGATOS DE CLAUSURA

En el tramo final del caso conocido como Gaucho Gil, este martes se escucharon en el Tribunal de Juicio de Mercedes los alegatos de clausura tanto de la Fiscalía como de la Querella. También alegaron 3 de las defensas particulares de los 9 imputados. La jornada continuará el miércoles.

Más de 3 horas demandaron al Fiscal, doctor Adrian Casarrubia, la exposición de los alegatos de clausura en los que ratificó la autoría y calificación legal de los 9 imputados. En el caso del menor de edad al momento de los hechos, quitó la minoridad como agravante. (Se recuerda que estuvo presente de modo virtual la doctora María Susana Galeano, jueza especializada en familia, niñez y adolescencia de Curuzú Cuatiá, por la eventual responsabilidad que pudiera caber a quien en el momento del hecho fuera menor de edad).

Para la Fiscalía estaban probadas la participación de cada uno de los imputados y el tiempo, lugar y modo de los episodios iniciados el 4 de agosto del 2021, que culminaron con los dos fallecidos el día 6 en el predio conocido como Cruz Gil, en el acceso a la ciudad de Mercedes

Primero se refirió al delito de amenazas, las cuales fueron «serias, injustas y graves» y tenían el fin de amedrentar a los Canteros, y luego abordó la instigación. Sostuvo que hubo un plan premeditado y «criminal», que los imputados –según los testimonios- «celebraron» y estaban «eufóricos» con la muerte de Sergio. También indicó que estaba probado en el ensañamiento, entre otras pruebas, por las 27 puñaladas que recibió, lo que provocó un gran sufrimiento físico y psicológico antes de fallecer. En el lugar se encontraron restos de sangre en charco. Al padre, Julio César, le asestaron 3 puñaladas profundas –una de ellas en la espalda.-que lesionaron órganos internos y murió en el hospital.

El doctor Casarrubia enumeró algunas de las pruebas colectadas, una vaina, una gorra, un cuchillo, y las fue relacionando con los presentes, tanto en su calidad de co-autores como partícipes secundarios. Como apoyo a sus de sus declaraciones exhibió en una pantalla gigante imágenes que ubicaban en el lugar a los diferentes imputados. También explicó las conexiones entre diferentes teléfonos celulares, antes de que fueran desechados por sus dueñas. Aseguró además que a lo largo del proceso los indicios iniciales se convirtieron en pruebas. «Poseían una clara comprensión de sus actos» enfatizó, luego de citar los informes psiquiátricos que los daban por imputables. El Fiscal señaló la presencia de sustancias toxicológicas en sangre y no existían rastros de alcohol que impidieran el discernimiento.

Para finalizar sostuvo que se respetaron los principios constitucionales y solicitó que fueran considerados autores penalmente responsables de los delitos por los que fueron llevados a juicio (ver nota anterior aquí), además de pedir una sentencia condenatoria.

Querella: Emboscada y alevosía

«Esto fue la crónica de una muerte anunciada, todo el pueblo sabía que era lo que iba a sucederles» expresó el doctor Marcos Harispe, querellante de Jesica Vanesa Rodríguez y Nidia Mabel Caballero. El abogado expresó su convicción de que en la etapa de debate se acreditaron todos los hechos con informes periciales, testimonios, material fílmico, fotografías y documentación.

Destacó que estaba probado el nexo ideológico entre las amenazas iniciales y las posteriores muertes. Como el Fiscal, indicó que Luis Walter Astarloa, Carlos David Molina, Jonathan Natanael Astarloa y Maximiliano Contreras presentaban heridas superficiales, coincidentes con el hecho de que «procuraban su propia seguridad». Enumeró 9 testigos que manifestaron que los muertos no tuvieron posibilidad de defensa: fue una «emboscada», una «traición» y por ello añadió a la calificación legal requerida por el doctor Casarrubia, la alevosía para todos los imputados.

Citó a 13 testigos que pusieron en escena esa noche a quienes prestaron auxilio a los imputados, y los ayudaron a cometer los delitos. Y a 8 testigos que dieron cuenta de la amenaza de Walter Asterloa. Ratificó la existencia del deseo y la voluntad de lesionar a los Canteros, y una ejecución común de la agresión.  En el final, pidió la responsabilidad penal de los acusados.

Actitud desafiante y pelea entre bandas 

El doctor José Sebastián Alegre, defensor particular de Jonathan Asterloa, inició su alegato indicando la actitud «desafiante» de Sergio Canteros el 4 de agosto cuando ató los carros de la familia Asterloa y con una camioneta los llevó hacia su propiedad, lo que desató el enfrentamiento entre dos bandas. Sostuvo que todos los puesteros se preparaban para la festividad de San La Muerte a la espera de lograr ventas, sobre todo en pandemia. «Mi defendido vendía más que la otra familia. Es cierto que golpeó a Canteros y que los testigos lo ven con una botella en la mano, pero eso es todo, ya que al escuchar ruidos y pensar en que llegaba la policía se retiró del lugar».

Cuestionó los peritajes: dijo que el arma blanca fue plantada en el lugar del hecho y que el rastrillaje se realizó 8 días después, sin haber resguardado el sitio. Entendió que se trató de un homicidio en riña, y consideró que las pruebas de la Fiscalía eran circunstanciales. «No poseen no tenían sustento legal y no lograban destruir la presunción de inocencia que pesa sobre mi defendido». No compartió la calificación legal que pretendían la Fiscalía ni la querella  -homicidio criminis causa- porque no concurrían los elementos del tipo penal: no estaba probado quien atacó primero, y no había relación entre el medio y el fin. Para terminar, pidió absolución de su defendido por insuficiencia probatoria.

Festival de inferencias y presunciones

El doctor Andrés Antonio Gauna es defensor particular de Gisella Paola Astarloa y Luis Walter Astarloa. En su alegato de clausura aseveró que «no había prueba alguna para analizar» al punto que «me atrevo a decir que se trató de un festival de inferencias y presunciones» por parte de la Fiscalía. La causa carece de objetividad, agregó, dejando en claro que la acusación fiscal padecía de «orfandad probatoria».

Desestimó las interpretaciones de la Fiscalía y la querella por parciales y antojadizas. Rechazó la instigación endilgada a su defendido y expresó que la acusación «buscó un resorte para que estas muertes fueran tomadas como una lección por la sociedad ya anteriormente que no recibieron respuesta necesaria por parte del Estado (en referencia a que Jesica Rodríguez llamó 9 veces a la Policía)».

Señaló que su cliente Luis Walter debía ser absuelto porque no había elementos para proporcionaran la convicción para una sentencia de esa magnitud, como así tampoco en el caso de Gisella a quien nadie vio armada. «Se le reprocha haber ido al predio a trabajar». También solicitó su absolución.

62 testigos y 11 audiencias

El debate que se lleva adelante en el Tribunal de Juicio es presidido por el doctor Jorge Troncoso y los doctores Juan Manuel Muschietti y María Eugenia Ballara. Comenzó el 2 de agosto pasado con los alegatos de apertura, y a lo largo de 11 audiencias se escucharon a 62 testigos. En tanto que, en la última audiencia del 30 de agosto, declararon los imputados. El caso llegó a juicio casi un año después, en virtud de los plazos acotados establecidos en el nuevo Código Procesal Penal que rige en la localidad desde el 1° de noviembre del 2020.

La Jueza de Garantías, doctora Margarita López Rivadeneira, realizó 51 audiencias desde el inicio de la investigación fiscal, que finalizó con el procesamiento, 8 meses después, de Luis Walter Astarloa, Jonathan Natanael Astarloa, Maximiliano Contreras, Carlos David Molina, María Magdalena Astarloa, Juan Ramón Rivero, Gisella Paola Astarloa, Maria José Obes y un menor de edad -al momento del hecho- por las muertes de Sergio Abel Canteros y Julio César Canteros.

En la jornada del miércoles 7 de septiembre se esperan los restantes alegatos de clausura las defensas particulares y oficiales.